Poder político, Derecho y Estado

Por Alonso R. Trenado: 20/09/20019

Poder político, Derecho y Estado

Lecciones de derecho político

Lecciones de derecho politico.

De don Eduardo Espín Templado

Mi ilustre y admirado profesor don Eduardo Espín Templado, catedrático de Derecho Constitucional, definía allá por el año 1992 el poder como la capacidad de influir en el comportamiento ajeno. 

Esta definición la amplia en su libro: Lecciones de Derecho Político, editoral Tirant Lo Blanch (Valencia 1994. I.S.B.N.: 84-8002-183-7), lección 2, página 19:

”…Esa capacidad de influir en los demás existe en todos los ámbitos sociales, pues en toda colectividad, sea un pueblo, una asociación, la familia o un grupo de amigos, existe algún miembro que ostenta una posición superior, ya se base en el ascendiente moral ya en la pura fuerza, que le permite influir, en mayor o menor grado, sobre la conducta de los demás componentes del grupo”.

Fuera de la magistral definición de poder en sentido amplio, el poder es también la capacidad de cambiar la conducta ajena, y en algunos casos usando la coacción.

Coacción ejerce un padre sobre el hijo cuando le priva de su paga semanal si ha encontrado tabaco en su mochila, coacción ejerce el policía cuando impone un asanción por aparcar en lugar no destinado a ello. Coacción es señalar con el dedo amenazante a un mendigo, y coacción es imponer la ley del portero de discoteca de tú no entras porque yo decido quien lo hace, y las normas las impongo yo (ayer lo vi en la puerta de una famosa discoteca de Madrid); ya me hubiera gustado intervenir y con mi boligrafo redactar una hoja de reclamaciones (he de decir que hay que dejar claro el derecho de admisión y los motivos que impiden a alguien entrar, pero claro, explica eso a alguien de 2 metros, que pesa 120 kilos, y que es experto en artes marciales).

Medios coactivos usados por el poder

Vuelve don Eduardo Espín (pagina 20 del citado ya libro), que; “tanto en unos grupos como en otros, quienes tienen poder pueden obigar a los demás a cumplir sus decisiones, recurriendo, si ello resulta preciso, a medios coactivos. Estos medios coactivos, no siempre son internos, propios del grupo, sino que muy frecuentemente son proporcionados por una organización o grupo de ámbito superior…se apoya en última instancia en el poder del Estado, que mediante los Tribunales y medios coactivos propios permite ejecutar, en su caso, ciertas decisiones de aquéllos contra la voluntad de los miembros de esos grupos que se opongan a las mismas”.

Tribunales de justicia, poder judicial, ejecución de sentencias

Otros recursos. Incentivos frente a medios coactivos

Otra forma de actuar en la sociedad, sin entrar en el conflicto, la coacción, o el uso de medios coactivos consiste en establecer incentivos, ya sean económicos, honoríficos o entregando derechos (como ejemplo el derecho al uso de una vivienda social si se abandona una chavola o un piso ocupado).

Con mayor o menor éxito, puede hacerse una calabriada (batiburrillo); se indica el medio coactivo (lo que ocurrirá si no aceptas), y se entrega en caso contrario un incentivo que pueda signifiar el fin del conflicto. Esto algunos lo llaman negociación, otros chantaje, y otros no queda otra.

Lo cierto es que el poder superior es el del Estado, y puede imponerse a todos los poderes que existen en la sociedad (grupo familiar, de amigos, económicos).

Legitimación constitucional del poder

En un estado de derecho como es España, la legitimidad en el uso del poder se basa en la legitimidad legal racional; la existencia de una norma general (Constitución del 78), válida para todos, votada por el pueblo en referendum, y que tiene en el principio de igualdad su piedra angular.

Todos los españoles son iguales ante la ley.

Poder judicial, tribunales de justicia.

Si tenemos en cuenta que los tribunales interpretan la ley, y en situaciones de duda, o en supuestos de vacios legales (lagunas), crean derecho, me cabe una gran pregunta: los jueces solo pueden tener legitimación para la atribución de su poder en virtud de que sus resoluciones estén elaboradas racionalmente, y sobre todo motivadas. La falta de ésta última impide el control de su lógica (la motivación es por tanto un derecho del ciudadano que además emana de la constitució y de su artículo 24).

No quiero olvidar que frente a la legitimidad del legislador, que es votado, y que redacta normas aprobadas por mayoría en el parlamento, el Juez, sin ser elegido por la ciudadanía, solo se sujeta a su raciocinio, de hay lo importante que es que un TRIBUNAL SUPREMO, controle las resoluciones de ámbito inferior.

Impedir por ello el acceso al Tribunal Supremo imponiendo requisitos de forma (tipo de letra, tamaño, y espacio limitado a 25 páginas), requisitos de cuantía (600.000 euros), parace a priori criticable al impedir al ciudadano que alcance la verdadera justicia.

Muchos ciudadanos que buscan su mejor defensa y contactan con nosotros en el despacho, nos manifiestan el temor a que el Juez no sea independiente, sobre todo en “provincias”, desplazándose a Madrid o a Barcelona para que no haya influencias de otros poderes, ya sean familiares, económicos o sociales.

Dicho esto, la Constitución ya es mayor de edad, el estado de derecho parece consolidado, y solo queda que el ciudadano no tema a un poder judicial impregnado por la política, la economía o los intereses particulares.

A su favor, miles de jueces se dejan la vida entre libros, ordenadores, pocos medios y presiones sociales porque creen en este Estado de Derecho. Intentan ser justos en sus resoluciones, y reconocen derechos a quien los tiene.

En igualdad, los abogados, entre nuestros libros, papeles y plazos perentorios somos una pieza clave para que el sistema funcione, hacemos una labor pequeña en relación con las grandes decisiones. Sin embargo, sin abogados, no habría sentencias contra las entidades financieras que han tenido que devolver miles de euros a ciudadanos que reclamaron su cláusula suelo.

 

 

 

 

 


Desahucio exprés de viviendas ocupadas

Actualizado el 13 de septiembre de 2019
Por Alonso Ricardo Trenado Fajardo, Alfonso Carvajal del Rey y AlonsoTrenado Cano

Antecedente

La Ley 5/2018, de 11 de junio, publicada en el BOE núm.142, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación con la ocupación ilegal de viviendas, conocida como la ley del desahucio exprés,en su preámbulo, comienza reconociendo la dura crisis económica: “Como consecuencia de la compleja y dura realidad socioeconómica, se ha producido en los últimos años un considerable número de desahucios de personas y familias en sobrevenida situación de vulneración económica y de exclusión residencial…”, y continúa desligando la ocupación ilegal de viviendas de esta situación: “De forma casi simultánea, y en la mayor parte de los casos sin que exista relación alguna con situaciones de extrema necesidad, han aparecido también fenómenos de ocupación ilegal premeditada, con finalidad lucrativa, que, aprovechando de forma muy reprobable la situación de necesidad de personas y familias vulnerables, se han amparado en la alta sensibilidad social sobre su problema para disfrazar actuaciones ilegales por motivaciones diversas, pocas veces respondiendo a la extrema necesidad”.

Leer el preámbulo es un ejercicio de importante lectura para el estudiante y el profesional del derecho, pero también para el ciudadano, que verá recompensada la lectura con el conocimiento de que al legislador le preocupa el oscuro negocio de la ocupación ilegal de viviendas y que ésta no es la ocupación de extrema necesidad, sino una forma de hacer negocio, salvando contadas excepciones, para lo que en previsión de que el ocupante ilegal se encuentre en situación de vulnerabilidad social, se prevé en el nuevo apartado 1 bis del artículo 441 de la Ley de Enjuciamiento Civil,  la obligación de dar traslado a los servicios públicos competentes, por si procediera su actuación, siempre con el preceptivo consentimiento.

También se generaliza la comunicación, a los servicios públicos competentes en materia de política social, en todos los procedimientos en los que se señale el lanzamiento de una vivienda de quienes la ocupen, sea cual sea la causa por la que se encontrara en dicha situación; la nueva regulación en el apartado 4 del artículo 150 de la LEC.

La crítica lógica es; si los Juzgados están colapsados con este y otros tipos de procedimiento, y al mismo tiempo no se aumentan los funcionarios dedicados a la política social, con el necesario aumento del presupuesto destinado a ello, no existe la posibilidad de que realmente se sea operativo, dando lugar a un fallo del sistema que provocara retrasos;  precisamente lo que se quiere evitar.

La ley tiene como objetivo agilizar el desahucio, descolapsar los juzgados, y eliminar de la sociedad la ocupación ilegal de viviendas. En nuestra opinión nada de esto se ha logrado hasta la fecha y tras su publicación, pero tendremos que dejar que la ley tenga una vigencia en el tiempo para conocer si realmente cumple con su objetivo, pero lo cierto es que los procedimientos judiciales de este tipo se alargan en el tiempo, y no solo eso, con la sentencia en la mano de la primera instancia, los profesionales de la ocupación apelarán ante las instancias superiores alargando todavía más el proceso.

El procedimiento

Inicio

Comienza con la interposición de la demanda en los juzgados de lo civil acreditando que el inmueble objeto de pleito es propiedad del demandante (escritura de propiedad, y nota simple del registro de la propiedad que justifique que la vivienda continúa siendo propiedad de quien reclama justicia a la fecha de la interposición de la demanda).

La LEC (artículo 437 3 bis), permite dirigir la demanda de forma genérica contra los desconocidos ocupantes de la misma, sin perjuicio de la notificación que de ella se realice a quien en concreto se encontrare en el inmueble al tiempo de llevar a cabo dicha notificación.

Es todo un ejercicio de prudencia procesal solicitar el desahucio de los desconocidos ocupantes.No es la primera sentencia que este despacho ha ejecutado y se ha encontrado con el intento de impedir que el propietario recupere la posesión simplemente con que e día del lanzamiento los antiguos ocupas hayan abandonado el inmueble y haya otros nuevos ocupantes.

Desarrollo del procedimiento

Solicitada por el actor la entrega inmediata de la posesión del inmueble, el Juzgado dictará decreto de admisión de la demanda, (Se conoce por decreto a uno de los varios escritos que emanan del Juzgado dentro de un procedimiento judicial), requiriendo a los ocupantes para que en el improrrogable plazo de 5 días aporten el justo título que justifique el uso del inmueble.

Si no se aportara justificación suficiente, el tribunal ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda al demandante, siempre que el título que se hubiere acompañado a la demanda fuere bastante para la acreditación de su derecho a poseer (la escritura del propietario y la nota simple del Registro de la Propiedad).

Contra el auto (otra de las formas de nombrar los escritos judiciales) que decida sobre el incidente (el de aportación de título por los ocupantes), no cabrá recurso alguno y se llevará a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encontraren en ese momento en la vivienda.

Si el demandado o demandados no contestaran a la demanda en el plazo legalmente previsto, se procederá de inmediato a dictar sentencia (apartado 1 bis del articulo 444 de la LEC)..

La oposición del demandado podrá fundarse exclusivamente en la existencia de título suficiente frente al actor para poseer la vivienda o en la falta de título por parte del actor.

La sentencia estimatoria de la pretensión permitirá su ejecución, previa solicitud del demandante, sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días previsto en el artículo 548 (lo que los juristas llamamos esperar la firmeza de la resolución).

En la práctica judicial los ocupantes ilegítimos aportan un contrato de alquiler, obviamente que no ha firmado el propietario, con el que pretenden justificar la ocupación pacífica y pactada del inmueble. También aportarán facturas del suministro eléctrico, del teléfono o líneas adsl o fibra, y justificantes de otras facturaciones en el domicilio. Si alguien se pregunta como pueden tener domiciliados los consumos en esa dirección tendrá la respuesta en la falta de comprobación de las compañías de la posesión legal de los inmuebles, una simple llamada de teléfono es suficiente.

Críticas a la nueva ley

1. No parece un criterio igualitario dejar a las personas jurídicas fuera del procedimiento rápido, esto es, solo podrán beneficiarse los particulares, las entidades sin ánimo de lucro y las Administraciones Públicas que sean dueñas poseedoras legítimas de vivienda social. Las entidades financieras, inmobiliarias y fondos de inversión serán objeto de las ocupaciones, incluso verán como se potencia dicha actividad. Y si, como hemos dicho, en el preambulo de la ley se reconocía como negocio, y no como necesidad la ocupación ilegal de viviendas, no es comprensible que no se proteja a todos los que sufren estas situaciones.

2. La sobrecarga de trabajo de los Tribunales no se soluciona mejorando plazos; sin recursos no existe la justicia.

3. Los servicios sociales tendrán 7 días para adoptar las medidas de protección que en su caso procedan en los supuestos de situaciones de necesidad. Plazo tan escaso que será incumplido de forma reiterada. (Siempre decimos los aquí firmantes que los plazos procesales solo afectan a los abogados y procuradores, que verán como desestiman sus escritos sino están formulados en plazo, comparar con los actos judiciales u otros organismos es un ejercicio de salud que debe hacer el Parlamento, entregando a los ciudadanos una justicia efectiva y ágil.

La reocupación como pretendida solución al conflicto.

Frente a la ocupación ilegítima, algunos propietarios consideran que la solución es a reocupación del inmueble. Conviene recordar la regulación que de esto hace el artículo 441 del Código Civil, a cuyo tenor: “En ningún caso puede adquirirse violentamente la posesión mientras exista un poseedor que se oponga a ello. El que se crea con acción o derecho de privar a otro de la tenencia de una cosa, siempre que el tenedor resista la entrega, deberá solicitar el auxilio de la Autoridad competente”.

Modelo de suplico de la demanda

SUPLICO AL JUZGADO: Que se tenga por presentado este escrito, con sus copias y documentos que se acompañan, acuerde admitirlos y tenerme por personado y parte en la representación que ostento y por promovido JUICIO VERBAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA POSESIÓN DE LA VIVIENDA titularidad de mi mandante, contra los desconocidos ocupantes de la misma y, previos los requerimientos, señalamientos y demás trámites, acuerde la inmediata entrega de la posesión de la vivienda al demandante, con la condena al demandado al pago de las costas que se causen en la instancia.

Es justicia que respetuosamente se pide en ………….

Fdo: Procurador Fdo: Abogado.

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La pensión de viudedad en Onda Cero con Nieves Herrero

Nieves Herrero, Madrid Directo

La pensión de viudedad

Nuestro abogado director, Alonso Ricardo Trenado Fajardo, colegiado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, habló en el programa de Nieves Herrero, Madrid Directo, en Onda Cero, de la posible modificación de la pensión de viudedad.

http://www.telemadrid.es/programas/madrid-directo-om/Madrid-Directo-OM-9-2105279483–20190320082135.html

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El fondo de reserva en las comunidades de propietarios

Regulación del fondo de reserva:

Ley 49/1960 de Propiedad Horizontal, artículo 9.1.f y Disposición Adicional. https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=015_Codigo_de_Propiedad_Horizontal&modo=1

            El fondo de reserva en las comunidades de propietarios fue introducido como novedad en la Ley de Propiedad Horizontal en el año 1999; posteriormente se volvió a regular por la Ley 8/2013 que introducía mecanismos que pretendían mejorar la celeridad en la resolución de problemas dentro de las Comunidades de Propietarios. Finalmente el Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler ha aumentado la cantidad del presupuesto destinado al Fondo de Reserva, incrementándolo hasta el 10 por 100 del último presupuesto ordinario. Pinche aquí para seguir leyendo


Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 23 de enero de 2019. Gastos hipotecarios 2019

Actos Jurídicos Documentados

En este análisis de a quien corresponde el pago de los gastos hipotecarios 2019, no podía faltar el impuesto.

Los actos jurídicos documentados (el impuesto que grava la constitución de la hipoteca), el sujeto pasivo del impuesto es el prestatario, -la entidad financiera-.

Esta es la doctrina del Tribunal Supremo en las sentencias del pleno de la Sala Tercera números 1669/2018, 1670/2018 y 1671/2018, de 27 de noviembre.

Esta es la misma solución que ha dado el Real Decreto Ley 17/2018, de 8 de noviembre, que modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Hay que tener en cuenta que la ley solamente es aplicable a los contratos de préstamo hipotecario celebrados con posterioridad a su vigencia y no contiene regulación sobre las hipotecas ya constituidas (lo que los abogados llamamos efectos retroactivos).

Gastos notariales. ¿Quien paga los gastos de notaría? Por mitades.

El Tribunal Supremo en esta nueva sentencia de enero de 2019, aclara que «la obligación de pago de los derechos corresponderá a los que hubieren requerido la prestación de las funciones o servicios del Notario, y, en su caso, a los interesados según las normas sustantivas y fiscales, y si fueran varios, a todos ellos solidariamente».

Así, la intervención del notario interesa a ambas partes, por lo que los costes de la matriz deben distribuirse por mitad.

Los gastos de la escritura notarial se reparten al 50 por 100 para la matriz

El interés de la entidad financiera en este caso reside en tener a su disposición un título ejecutivo (ejecutar la hipoteca de forma rápida y por un procedimiento diferente al declarativo -más lento).

El interés del consumidor, es obtener un préstamo con garantía hipotecaria, a un interés inferior al habitual (comparado con el préstamo personal).

En cuanto a la escritura de cancelación de la hipoteca, el interesado en liberar el gravamen (la anotación registral de la hipoteca a favor del banco), es el consumidor, y a el corresponde este gasto.

Gastos registrales ¿Quien paga la inscripción registral al Registro de la Propiedad? Al banco.

Al ser el banco el interesado en la inscripción es el que corresponde el pago de los gastos que ocasione la inscripción del contrato de préstamo hipotecario.

Gastos registrales en las escrituras de cancelación hipotecaria…. al consumidor.

¿A quien interesa la cancelación hipotecaria? Al consumidor, y por tanto es a quien corresponde pagar los gastos del Registro en este supuesto.

Gastos de gestoría… a mitades.

Al no existir norma legal que atribuya su pago a ninguno de los dos firmantes de la escritura, correspondería como buenos hermanos al 50 por 100 a cada uno de ellos.

Comisión de apertura… al consumidor.

Por ser materia de negociación entre el banco y quien recibe el dinero prestado, el consumidor sufrirá este coste a menos que negocie personalmente su reducción. Toca pelear.

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La sucesión intestada en España. Régimen general.

Sucesión intestada en EspañaEl Código Civil (artículo 658)  establece dos tipos generales de sucesión, la llamada testamentaria (voluntad del hombre manifestada en testamento), y la sucesión por disposición de la Ley (sucesión legítima cuando falta el testamento, a la que también llamaremos abintestato).

La sucesión intestada, legal o legítima (artículo 659 Cc, es aquella en la que no existe la voluntad manifestada en testamento). Se regula en los artículos 912 a 958 del Código Civil.

En cuanto a sus características o notas diferenciadoras la norma legal dispone para la sucesión intestada en España en su régimen general, las siguientes:

1. Supletoriedad, porque es subsidiaria, y por tanto opera en segundo lugar tras comprobar que no existe voluntad del causante manifestada mediante testamento. O cuando éste último –el testamento-, carece de validez por establecerse su nulidad por no haberse realizado en la forma prevista en el Código Civil, o no cumplir los requisitos establecidos.

2. Compatibilidad con la existencia de sucesión testada, ya que puede darse el supuesto de que el testamento no agote la totalidad del haber hereditario, de tal forma que los bienes que no tengan establecida la voluntad del causante en el testamento se verán sujetos a la regulación general para las sucesiones intestadas.

Estoy hablando del derecho aplicable en el territorio general, sin establecer las particularidades en derechos forales, entre los que se encuentran el derecho catalán y balear, ámbito donde existen claras diferencias. A modo de ejemplo, en este apartado, cuando el testamento no agota todos los bienes susceptibles de ser heredados, no se dispone de ellos según el derecho común –Código Civil y la sucesión intestada-, sino que se sigue la regla de derecho romano por la que el beneficiario del testamento ve acrecer sus derechos hereditarios según lo establecido en el testamento, en una especie de aplicación de la analogía en la adquisición de bienes por derechos sucesorios.

3. Universalidad, porque los sucesores lo son con esa condición, a título universal.

Definición de heredero según el diccionario de derecho de Editorial Bosch:

“Es el sucesor, derechohabiente o causahabiente del fallecido que, a título universal, es el destinatario de todo o parte del patrimonio relicto; por ello, el heredero es denominado también sucesor universal. En principio, el heredero adquiere, por un sólo título, un bloque de derechos y obligaciones; ello quiere decir que al heredero, como a tal, no se le atribuyen bienes determinados de la herencia, sino que se le atribuye el derecho de adueñarse de los bienes que pertenezcan al causante en el momento del fallecimiento de éste y no hayan sido especialmente atribuidos por legado. Por lo tanto, el heredero o los herederos, puesto que pueden concurrir varios en la sucesión a título universal, sucederá en los derechos y obligaciones del fallecido de tal forma que, antes de la efectiva liquidación de la herencia, se habrá convertido en titular activo y pasivo de las relaciones jurídicas del fallecido que fueran transmisibles, considerándose que la adquisición de estas titularidades se ha producido al mismo tiempo. En definitiva, el heredero es el continuador de las relaciones jurídicas del causante que no se extingan a la muerte de éste. Además de ejercitar los derechos personales de éste y de tener que pagar sus deudas, el heredero tendrá que pagar o entregar los legados y realizar lo que corresponda a la última voluntad del fallecido, si no hay albaceas.”

 Orden de prelación. Los llamados a la sucesión  intestada

Orden de los llamados a suceder

1. Los descendientes o parientes en línea recta descendente.

– Que son los primeros llamados a la sucesión del causante, sin que pueda existir entre ellos distinción por razón de sexo, edad, filiación matrimonial o extramatrimonial, adoptiva o biológica.

– Los hijos suceden por derecho propio, dividiendo la herencia por partes iguales, mientras que los nietos y resto de herederos suceden por derecho de representación, lo que significa que se reparten entre ellos la porción que correspondería al que representan  -sustituyen-.

2. Los ascendientes o parientes en línea recta ascendente.

 – A falta  de descendientes son llamados los ascendientes – padre y madre por partes iguales, y si solo sobrevive uno de ellos, el superviviente recibirá toda la herencia.

– A falta de padre o madre heredan los ascendientes de grado más próximo.

3. Los colaterales que sin ser descendientes o ascendientes tienen un ascendiente en común (tronco común).

3.1. Cónyuge viudo. Hay que tener en cuenta que el cónyuge concurre con los parientes (descendientes, ascendientes y colaterales), por su cuota legal usufructuaria.

3.2. Parientes colaterales.

3.3. Estado.

El Cónyuge viudo

Su llamada a la herencia es por su propio derecho establecido en el Código Civil, y es independiente de la llamada a los descendientes o a los ascendientes.

Establece la norma que el cónyuge supérstite, percibirá la cuota legal usufructuaria que por ley le corresponda.

Distinguimos por tanto aquellas situaciones en las que el cónyuge supérstite concurre con herederos legales, y cuando es el heredero legal –en ausencia de descendientes o ascendientes-, que se convierte en el sucesor universal abintestado y le corresponderá en su totalidad la herencia en plena propiedad (con preferencia sobre hermanos y sobrinos del fallecido, siempre que cumpla con la condición de no estar separado judicialmente o de hecho).

La pareja de hecho, las uniones extramatrimoniales o more uxorio.

Hablamos de las que reúnen los requisitos de voluntariedad, estabilidad, permanencia en el tiempo y apariencia pública de comunidad de vida similar a la matrimonial.

En estos supuestos no existe una normativa general que lo regule, y ha sido el Tribunal Supremo el que a través de la interpretación de las leyes ha introducido en nuestro derecho compensaciones económicas u otros beneficios para la pareja supérstite. Pero ojo, esto no quiere decir que tengan los mismos derechos que los matrimonios constituidos en legal forma.

Importantes entre otras muchas las Sentencias del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1996, y de 5 de julio de 2001, donde el argumento jurídico que fundamenta el fallo es la doctrina del enriquecimiento injusto, y por encima de todas ellas la STS de 17 de junio de 2003:

“…una persona se enriquece a expensas de otra que, correlativamente, se empobrece careciendo de justificación o de causa que lo legitime, de tal manera que surge una obligación cuya prestación tiende a eliminar el beneficio de enriquecimiento indebido…”.

La sucesión de los colaterales

En defecto de descendientes, ascendientes y cónyuge, el Código Civil llama a la sucesión intestada a los parientes colaterales del difunto.

Primero a los colaterales privilegiados -hermanos y sobrinos del causante-­, y a falta de estos, al resto de parientes en línea colateral hasta el cuarto grado.

La sucesión del Estado

A falta de descendientes, ascendientes, cónyuge y colaterales, el Código Civil llama a suceder al Estado, que tiene la obligación de dividir la herencia recibida en tres partes:

1. Una parte de los bienes a instituciones de interés público, públicas o privadas, del municipio del domicilio del causante.

2. Otra a instituciones de idéntica naturaleza pertenecientes a la provincia del domicilio del causante

3. Por último, la tercera parte al Tesoro.

Conclusión

Materia de difícil interpretación, llena de conflictos y lagunas, y como bien dice el saber popular:

 ¡Que bien se lleva esta familia porque no han tenido herencias!

        Si necesitas abogados expertos en testamentarías, y herencias no dudes en llamarnos.

 


El concurso de acreedores y los avales personales de los socios o administradores

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El concurso de acreedores y los avales personales de los socios o administradores

Mi comentario de hoy versa sobre el concurso de acreedores y los avales personales de los socios o administradores.

El hecho de garantizar con avales o garantías personales el endeudamiento de la sociedad anónima o limitada, quebranta la limitación de responsabilidad propia de esas sociedades que se incardina, inicialmente, al capital aportado, haciendo responsable al administrador o socio avalista de las deudas propias de la sociedad.
Lo cierto es que las entidades bancarias han practicado compulsivamente esta nefasta práctica, obligando a los sufridos empresarios a constituir avales para obtener la necesaria financiación para la continuidad de su negocio. Sin financiación no hay PYMES, sin PYMES no hay estructura empresarial, y sin ella no hay empleo. Así nos va.
Más grave me parece que hayan sido las entidades «rescatadas» las que han practicado el «avalismo» sin fin con dinero público (el de todos los sufridos contribuyentes, que además tienen que escuchar como ese dinero marcha de las arcas a base de pago con tarjetas black y similares correrías).
A lo que vamos. ¿Que ocurre con los avales personales cuando el negocio no es viable y el empresario debe presentar el concurso de acreedores?
El Artículo 87.6 de la Ley Concursal (LC):
6. Los créditos en los que el acreedor disfrute de fianza de tercero se reconocerán por su importe sin limitación alguna y sin perjuicio de la sustitución del titular del crédito en caso de pago por el fiador.
El texto legal nos aclara que, tras la declaración de concurso, el avalista permanecerá obligado frente al acreedor con aval, beneficiado por el plazo que resta hasta la exigibilidad de su obligación.
Vigente el concurso, si el acreedor con aval (la entidad financiera), exige al avalista (socio o administrador), que cumpla con su obligación de pago, el avalista, tras cumplir con la obligación contractual asumida (la firma del aval), se convierte en el nuevo acreedor frente a la sociedad por el importe ingresado (se subroga en el lugar del acreedor original -la entidad financiera).
Nos queda por añadir que, el pago del aval y la subrogación del avalista en el lugar del anterior acreedor en ningún caso conllevará una mejor calificación del crédito en el concurso de acreedores (con el consiguiente perjuicio para el resto de acreedores del concurso).
En conclusión:
Cuando el acreedor que dispone de la garantía solidaria del socio y/o administrador no pueda ejecutar contra la sociedad en concurso, en su legítimo interés de rescatar el dinero entregado en préstamo o crédito; sí puede ir contra los avalistas solidarios, en un procedimiento que se tramitará independientemente del concurso, y sin que se vea afectado por los «dimes y diretes» y resto de incidentes que afecten al concurso de acreedores.
Sólo presentando el concurso de acreedores del propio socio o administrador se podría parar el procedimiento de reclamación del aval subscrito.
Obviamente, el concurso «personal» es la última solución a un problema económico, ya que nos dejará sin ningún patrimonio y en situación de insolvencia.
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Divorcio. Modificación de medidas. Cambio de domicilio del progenitor custodio.

Divorcio. Modificación de medidas. Cambio de domicilio del progenitor custodio.

Hablamos de Divorcio de Modificación de medidas. 

Cambio de domicilio del progenitor custodio.

Una de las cuestiones que más nos plantean en el despacho en materia de guarda y custodia de un menor, es cuando el cónyuge custodio (quien tiene la custodia del menor) decide cambiar de domicilio. 

En ocasiones este cambio de domicilio deriva de una nueva relación sentimental, o de la necesaria busqueda de empleo en otras provincias, o incluso en otros países.

Pongamos como ejemplo que es la madre quien quiere cambiar su domicilio (cambio del domicilio del padre o madre custodio), la pregunta es si ésta, (la madre), tiene que solicitar autorización al Juzgado que fue conocedor del divorcio, solicitando el cambio de domicilio del menor. Lo que significaría de facto una modificación de medidas al cambiar las circunstancias que dieron lugar a las establecidas por el Juzgado en su sentencia de divorcio.

Pues bien, según parece establecer el criterio mayoritario aplicado por los jueces de familia, si el traslado no supone el cambio de centro educativo del menor, y  tampoco afecta al régimen de estancias (visitas, vacaciones, etc.), no es necesario solicitar el cambio de las medidas, bastando con la mera comunicación al progenitor no custodio.

Se debe tener en cuenta que existe un derecho genérico a la libertad de residencia, y que los traslados, si no afectan a cuestiones de patria potestad, (a modo de ejemplo el centro educativo donde el menor estudia), son inherentes a dicho derecho a «vivir» en el entorno que se considere más apropiado.

Existen otras corrientes jurisprudenciales que consideran que cualquier cambio de domicilio afecta al entorno del menor, y que por tanto si sería imprescindible solicitar la modificación de medidas con abogado y procurador en el Juzgado. Por tanto es conveniente preguntar a nuestro abogado de confianza sobre su parecer respecto a solicitar o no la autorización del Juzgado.

En los supuestos de cambio de domicilio fuera de la provincia del lugar de residencia del menor, (igual circunstancia cuando se pretende modificar el domicilio a un país diferente), siempre será necesaria la autorización judicial, porque en este supuesto no puede existir duda alguna sobre la enorme trascendencia para el menor y su entorno que supondría la medida.

En nuestro despacho somos expertos en esta materia, y tratamos de ofrecer un servicio técnico de calidad.

Puedes visitar nuestra página en este enlace. 

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Nuevas instrucciones en la solicitud de aplazamiento de impuestos. Fraccionamientos de pago

Aplazamiento Impuestos Fraccionamiento Pago

La noria de los Impuestos

La circular emitida por la Directora del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria sobre gestión de aplazamientos y fraccionamientos de pago (aplazamiento de impuestos), no se aplica a las deudas de los deudores, (valga la redundancia), en situación de concurso acreedores, que ya tienen sus propias instrucciones (Instrucción 6/2013).

Lo que se, «pretende» en esta ocasión, a través de la Instrucción 4/2014, de 9 de diciembre de la Directora del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, es dar una serie de pautas de actuación en relación a la solicitud de aplazamientos y fraccionamientos de pago de los impuestos.
Se trata de homogeneizar y coordinar los criterios de actuación y la resolución de las solicitudes presentadas por los contribuyentes.
Es aplicable a las solicitudes presentadas a partir del día 1 de enero de 2015.